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martes, 16 de noviembre de 2010

El empleo "verde"... se muere.

El caos político hace que se destruyan la día 100 empleos verdes cada día.

En el exterior se dice que se apuesta por las “políticas verdes” mientras en España se destruye empleo en las renovables y se frena su desarrollo.

La regulación sobre energía renovable anunciada por El Presidente del Gobierno en Seúl ha cambiado ya 6 veces en 6 meses y todavía no se ha aprobado.

El sector de energías renovables recuerda que lo único real que se está haciendo ahora es destruir empleo.
El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables lamentó que en la actualidad las renovables se estén viendo más afectadas por la destrucción que por la creación de empleo.

Energía solar: el último año el sector se paralizó, cerraron cientos de empresas y se destruyeron más de 30.000 puestos de trabajo.

Energía eólica: en 2009 se destruyeron 6.000 empleos y se redujo su aportación al PIB un 16%.

El propio gobierno prevé que en los próximos diez años el sector de las renovables creará 10 veces menos empleos de los prometidos.

Las propias previsiones del gobierno para el 2020 prevén que el sector genere 180.000 empleos directos: 10 veces menos de lo prometido por el Gobierno.

Desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se ha llevado a cabo una campaña de desprestigio de las renovables que se plasmaba en el documento entregado en abril a los partidos políticos en el marco del Pacto de Zurbano en el que se culpaba a todas las renovables de la subida de la luz y de arruinar a la industria española. Posteriormente se han reducido notablemente los objetivos de renovables para 2020 (en generación se pasó de un 42,3 % a un 35,%%) mientras se incrementaban los del gas a contracorriente de lo que está haciendo en el  mundo,
No se está abordando la energía con la suficiente perspectiva como requiere una política de esta trascendencia. Es lamentable que no se hable como prioridad de la reducción del CO2 y mientras que en Europa los ministros de Medio Ambiente hablan de elevar al 30% los objetivos a 2020, aquí,  se quiere imponer la idea de que ya está andando el camino.
Nada más lejos de la verdad: España sigue siendo el país de nuestro entorno con una mayor dependencia energética del exterior y con un mayor incumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto en reducción de emisiones.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Las medidas del PP en inmigración

- El Partido Popular considera que la inmigración debe ser legal y ordenada, y vinculada al empleo y a nuestra capacidad de acogida. Todo aquel que desee establecerse en nuestro país debe de venir de forma legal y con un contrato de trabajo firmado en origen o un visado de búsqueda de empleo.

- La política de regularizaciones masivas del Gobierno ha provocado que nuestra capacidad de acogida se haya visto desbordada causando problemas de integración, y que la política de inmigración se haya convertido tras el paro y la crisis en el tercer problema para los Españoles - con el PP ocupaba la 9ª posición -.

- En época de bonanza la inmigración ha sido un factor clave en el crecimiento económico de nuestro país. Sin embargo en época de crisis son los primeros que sufren el desempleo, en estos momentos hay 1.130.000 parados extranjeros en paro, el 30, 3 % del total de los trabajadores extranjeros. Además otros 800.000 no trabajan lo suficiente como para estar de alta en la Seguridad Social o están directamente en situación de economía sumergida.

- Se calcula que cerca de un millón de extranjeros están de forma ilegal en España, cifra que aumenta ya que el paro conduce a la ilegalidad sobrevenida a personas que no han podido cotizar a la Seguridad social más de seis meses en el año anterior a la renovación de sus papeles.

- Dado que el principal problema que tienen los extranjeros es el desempleo, con una tasa 10 puntos superior a la de los españoles (30%), hay que facilitar el retorno de aquellos extranjeros que se quedan en paro antes de que pierdan su tarjeta de residencia y caigan en situación de irregularidad, de forma que puedan regresar fácilmente si encuentran de nuevo trabajo.

- Los inmigrantes que llegan a España deben tener todos los derechos pero también todas las obligaciones, y la primera de ellas es venir legalmente a España. Para ello proponemos diferenciar entre extranjero turista o inmigrante creando un nuevo visado de búsqueda de empleo por tiempo limitado y con el compromiso de retorno si perdieran el empleo y carecieran de recursos de subsistencia.

- El arraigo debe ser un sistema excepcional para regularizaciones individualizadas como plantea la UE, pero no un sistema de regularización masiva, como es ahora, que incentiva a la permanencia en situación de irregularidad. Con la regulación actual el que aguante tres años en situación ilegal y presente un contrato de trabajo al finalizar los mismos conseguirá una tarjeta de residencia. Desde el PP consideramos que hay que limitar esta figura y aquel extranjero que tenga una orden de expulsión no podrá conseguir el arraigo.

- La estancia irregular se debe sancionar con la expulsión y no con la multa, como se hace habitualmente. Cuando a un extranjero se le abra un segundo procedimiento administrativo por estancia irregular debe ser inmediatamente expulsado de nuestro país.

- Hay que favorecer la integración de los inmigrantes en nuestro país. A través del contrato de integración, que se firmaría cuando el extranjero lleve un año y quiera renovar sus permisos, los extranjeros se comprometen con el cumplimiento de nuestras normas básicas y a aprender la lengua, y a cambio el Estado garantiza los mismos derechos que los españoles si residen legalmente en España.

- Se hace necesario crear un Fondo de Integración escolar que refuerce el aprendizaje de los extranjeros en aquellas materias que sean necesarias para poder seguir a los niños de su curso.

- El Gobierno ha aprobado una nueva Ley de Extranjería sin acuerdo con el principal partido de la oposición, algo que nunca antes había ocurrido, y que esta siendo incumplida de forma sistemática por ellos mismos, ya que tenía previsto ser desarrollada Reglamentariamente antes de seis meses. El plazo concluyó en Junio y todavía no se ha aprobado el mismo por lo que la inseguridad jurídica esta creando un tremendo caos en la gestión del fenómeno migratorio.